¿Cuál será el futuro de la ley de vivienda en Baleares? Las elecciones autonómicas y municipales, celebradas a finales de mayo, dibujan un nuevo escenario en el mapa político y territorial, que podría dar la vuelta a las medidas estrella del actual Ejecutivo. Entre ellas, la ley de Vivienda, aprobada el 17 de mayo por el Gobierno de Coalición (PSOE-Unidas Podemos) y sus socios de ERC y EH Bildu. El vuelco electoral a favor del PP podría dejar sin efecto la aplicación de la normativa en aquellas autonomías que, como la balear, podrían pasar ahora a manos de los populares. Este partido que dirige Marga Prohens ya expresó que procedería a desactivar la ley de Vivienda en Baleares y en aquellos territorios donde alcanzaran el poder.
Aunque se trata de una norma estatal, algunos aspectos como la declaración de zonas tensionadas depende de las comunidades. Además, cuestiones clave como el desarrollo del nuevo índice de precios siguen pendientes de definición.
El nuevo contexto, marcado también por el adelanto de las elecciones generales al 23 de julio, deja en el aire la aplicación y la efectividad de la ley de Vivienda en Baleares. Según precisan los agentes inmobiliarios de Durendesa®, se abre ahora un periodo de incertidumbre con claras consecuencias en el devenir del sector inmobiliario. Repasamos las principales incógnitas y las propuestas del PP en materia de vivienda.
¿Qué pasa con la ley de vivienda en Baleares tras las elecciones?
Los últimos comicios y las próximas elecciones generales empañan el futuro de la nueva ley de Vivienda en Baleares. El cambio de color en los ayuntamientos y comunidades- y el que vendrá o no a nivel nacional- abre un escenario incierto para esta normativa que aún en vigor sigue con flecos sueltos.
Las comunidades autónomas tienen mucho que decir en su aplicación. De ellas, depende por ejemplo solicitar la declaración de zona tensionada y, por tanto, el control efectivo de los precios. Los ayuntamientos, aunque en menor medida, también tienen cartas en el asunto: sobre ellos recae la gestión del suelo y aprobar recargos para las propiedades desocupadas.
Por su parte, la elaboración del índice de precio, clave para marcar la subida de los alquileres donde estén tensionados (siempre que las autonomías quieran declarar estas zonas como tal), queda en manos de quien forme el próximo Gobierno tras el 23J.
En el aire queda también la propuesta de la ley de vivienda en Baleares de la creación del futuro Consejo Asesor de la Vivienda -para regular los alquileres de menos de un año-, formado por representantes de ministerios con competencia en el área de vivienda, colegios profesionales, entidades financieras, etc. La normativa establece un plazo de 6 meses desde su entrada en vigor para la formación de este grupo de trabajo.
La incógnita llega igualmente a la construcción de un parque de vivienda pública de 183.000 inmuebles para alquiler social o asequible. Muchas de esas propiedades deben construirse en suelo público y en terrenos del Ministerio de Defensa.
Medidas del PP en materia de vivienda en Baleares
Las elecciones del 29M han puesto al PP al frente del Parlament Balear. Los populares recuperan así uno de sus grandes feudos de la mano de Marga Prohens y el apoyo de Vox. El PP consigue cambiar también el color de plazas claves, como Palma e Ibiza.
Este vuelco electoral en Baleares puede dejar sin efecto el desarrollo de la ley de Vivienda en Baleares; normativa que, entre otras cosas, interviene y limita el precio de los alquileres. ¿Pero cuáles son las principales propuestas del PP en materia de vivienda en el archipiélago? Entre ellas, destacan medidas contra las okupaciones ilegales, el incremento de la oferta de pisos en alquiler y la reducción de impuestos:
- Plan de Okupación: recuperación de la propiedad para los propietarios de la vivienda en las primeras 24 horas. En el caso de okupaciones prolongadas, exención del pago de tasas, impuestos o suministros municipales al propietario del inmueble okupado. Asesoramiento jurídico permanente en estos casos y consideración de okupación como infracción grave (los okupas no podrán recibir prestaciones para vivienda o acceder a viviendas de alquiler del IBAVI).
- Propietarios: nueva deducción en el IRPF de un 15% sobre los rendimientos para aquellos que pongan su propiedad en el mercado de alquiler de larga duración.
- Inquilinos: ampliación de la deducción para arrendatarios de vivienda (cuota especial para menores de 30 años, familias numerosas, monoparentales o con discapacidad en un 20%) y ampliación del límite deducible para el resto.
- Compra de vivienda: eliminación del ITP para la compra de primera vivienda habitual para menores de 30 años y personas con discapacidad (inmuebles de hasta 270.000€; ampliación de hasta 350.000€ en zonas tensionadas).
- Reducción ITP: rebaja del 50% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para la adquisición de primera vivienda habitual para menores de 35 años, familias numerosas o monoparentales (viviendas de hasta 270.000€; ampliación hasta los 350.000 euros en zonas tensionadas).
- Supresión del Impuesto sobre Patrimonio: eliminación progresiva supeditada a la derogación del Impuesto de Solidaridad.
- Herencias: supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) a todas las herencias entre padres e hijos, entre abuelos y nietos y entre cónyuges (grupos I y II). Reducción en un 50% del Impuesto de Sucesiones entre hermanos o entre tíos y sobrinos (Grupo III).
- Programa Alquiler Seguro: intermediación del Govern balear entre propietarios de viviendas vacías e interesados en alquilar (precios accesibles, garantías de cobro, vivienda rehabilitada para el alquiler y recuperación del inmueble en buen estado).
- Programa Build to Rent: cesión de suelo público a la iniciativa privada para viviendas de alquiler a precio tasado.
- Trabajadores de temporada o estudiantes: viviendas de coliving y cohousing.
- Familias o personas más vulnerables: nuevas promociones públicas de alquiler social.
- Fondos de ayudas para el alquiler: agilizar los tiempos de pago.
- Avales hipotecarios Hipoteca Joven (menores de 35 años): para cubrir el 20% que no prestan las entidades para la compra de vivienda.
- PGOU: mayor autonomía de los ayuntamientos en la aprobación de planeamientos municipales nuevos.
- Garantía de la seguridad jurídica de proyectos: refuerzo de la figura de la declaración responsable y recuperación del silencio administrativo positivo.
- Crecimiento en altura en Palma: reformulación de los índices de densidad para un mayor aprovechamiento del suelo.
- Facilitar la reconversión de locales comerciales en vivienda y reconvertir inmuebles grandes de tipología antigua en más de una vivienda.
- VPO: flexibilización del régimen de las reservas de suelo para Vivienda de Protección Oficial (VPO) para que los ayuntamientos decidan dónde, según zonificación y planificación.
