decreto Diferencia propiedad horizontal y vertical

Decretos de vivienda 2026: qué se ha aprobado finalmente y qué ha quedado fuera

Se esperaba que entrara en vigor una de las reformas más importantes de los últimos años sobre la duración de los contratos de alquiler. Pero no ha ocurrido.

El pasado 12 de noviembre, la Diputación Permanente del Congreso decidió derogar el Real Decreto-ley 28/2026, precisamente el que modificaba las prórrogas de los contratos de vivienda habitual. Aunque, al mismo tiempo, se convalidó el Real Decreto-ley 29/2026 -conocido como Decreto Maricarmen–, mucho más amplio y responsable de buena parte de los cambios sobre alquileres, vivienda vacía, fiscalidad o acceso a la compra que hemos explicado durante las últimas semanas. Las dos decisiones quedaron publicadas en el BOE del viernes, 13 de noviembre.

Para propietarios e inquilinos, la diferencia importa bastante. Durante octubre circularon titulares sobre contratos que podían prolongarse por periodos de cinco o siete años, indemnizaciones por no renovar o mayores plazos de preaviso para el arrendador. Todo eso pertenecía al RDL 28/2026 y no llegó a entrar en vigor. La norma estaba prevista para el 15 de noviembre, pero fue derogada antes de alcanzar esa fecha. El propio BOE la identifica ya como “disposición derogada” y fija el 13 de noviembre como fecha de derogación.

El resto del paquete necesita una lectura distinta. El RDL 29/2026 entró en vigor el 8 de octubre, ha superado ahora el trámite parlamentario y continúa desplegando sus efectos.

En Durendesa® dejamos precisamente esta cuestión pendiente en nuestro análisis general del nuevo decreto de vivienda. Entonces explicábamos que había dos textos sobre la mesa y que uno de ellos todavía debía superar la votación de noviembre. Ahora ya podemos ordenar definitivamente qué pertenece al derecho vigente y qué se quedó por el camino.

 

Dos decretos diferentes

Conviene empezar señalando que había sobre la mesa dos decretos distintos. Aunque durante semanas se habló de ambos casi como si formaran una única reforma, eso puede llevar ahora a confusión. Son dos. Uno salió adelante, el otro, no.

El Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, -el llamado Decreto Maricarmen– contiene el paquete más extenso. Modifica numerosos aspectos relacionados con la vivienda y, entre ellos, una parte importante de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Entró en vigor, con las salvedades previstas en la propia norma, el 8 de octubre de 2026 y fue convalidado por la Diputación Permanente del Congreso el 12 de noviembre.

El Real Decreto-ley 28/2026, aprobado el mismo día, tenía un propósito mucho más concreto: modificar el artículo 10 de la LAU para reforzar la continuidad de los contratos de vivienda habitual una vez agotado su periodo mínimo. Su entrada en vigor se había diferido hasta el 15 de noviembre. Fue este texto el que no obtuvo la convalidación necesaria. Como consecuencia, también quedan sin efecto las modificaciones que debía introducir en el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y la relación que mantenía con determinadas disposiciones del RDL 29.

 

Lo que desaparece

Al no aprobarse el RDL 28, quedan anuladas sus propuestas. Este decreto pretendía que, agotados los primeros cinco años de contrato —o siete cuando el propietario fuera una persona jurídica—, la continuidad no se produjera mediante las actuales prórrogas anuales, sino por períodos sucesivos de otros cinco o siete años, salvo comunicación expresa de alguna de las partes.

También elevaba de cuatro a seis meses el plazo con el que el arrendador debía avisar de que no quería continuar el contrato, mientras que el inquilino mantenía un preaviso de dos meses.

La otra gran novedad era económica. Si el propietario decidía no renovar una vez alcanzado el vencimiento correspondiente, el decreto establecía, con determinadas excepciones, una indemnización a favor del inquilino. La cuantía se calculaba tomando como referencia el mayor resultado entre doce mensualidades del valor aplicable en el sistema estatal de referencia o una mensualidad por cada año que el arrendatario hubiera vivido en la vivienda.

Ninguna de esas reglas llegó ni llegará a ser operativa. Esto es especialmente importante al buscar información online. Los artículos publicados entre el 7 de octubre y el 12 de noviembre que presentan esas prórrogas de cinco o siete años, el preaviso de seis meses o la indemnización como nuevas obligaciones del propietario describen una norma que hoy está derogada. No sirven para conocer el régimen vigente de un contrato.

 

Cómo quedan las prórrogas

Al desaparecer el RDL 28, el artículo 10 de la LAU conserva la redacción introducida por el RDL 29/2026.

En vivienda habitual, una vez transcurridos al menos cinco años de contrato —siete si el arrendador es persona jurídica—, si ninguna de las partes comunica su voluntad de no renovarlo dentro de los plazos legales, el contrato continúa mediante prórrogas anuales hasta un máximo de tres años más. El propietario debe avisar con cuatro meses de antelación y el inquilino con dos. Es decir, no hemos pasado al modelo de nuevas prórrogas automáticas de cinco o siete años que planteaba el decreto derogado.

Eso no significa que después del periodo mínimo todo contrato termine necesariamente al cabo de tres años. La LAU mantiene otras prórrogas extraordinarias para determinadas situaciones de vulnerabilidad y para viviendas situadas en zonas de mercado residencial tensionado, cuando se cumplen los requisitos previstos legalmente.

A ellas se suma una medida temporal introducida por el RDL 29/2026 para determinados contratos vigentes cuyo periodo de prórroga obligatoria, tácita o, en ciertos casos, de tácita reconducción termine antes del 31 de diciembre de 2028. Cuando el arrendatario reúna las condiciones establecidas —entre ellas estar al corriente del alquiler y haberlo estado durante los ocho meses anteriores— puede solicitar una prórroga extraordinaria por periodos anuales y hasta un máximo de dos años.

Son mecanismos diferentes y conviene no mezclarlos. Para saber qué prórroga corresponde a un contrato concreto hay que mirar la fecha de firma, el momento en que vence, el régimen bajo el que se celebró y si concurre alguno de los supuestos extraordinarios previstos por la legislación.

 

Lo que sí se mantiene

Mientras el RDL 28 desaparece, el RDL 29/2026 continúa vigente. El Congreso lo convalidó el 12 de noviembre y el acuerdo apareció publicado al día siguiente en el BOE.

Con él, continúa la nueva regulación del alquiler temporal, que exige una causa real y acreditable y deja atrás la idea de que firmar durante once meses convierte automáticamente un arrendamiento en “de temporada”. También continúa la incorporación expresa del alquiler por habitaciones dentro del nuevo esquema residencial de la LAU.

Siguen igualmente los cambios relativos a desistimiento, actualización de rentas, gastos de gestión inmobiliaria, reparaciones, garantías adicionales, seguro de impago y derechos de adquisición preferente del inquilino que desarrollamos hace unas semanas en nuestro análisis detallado de la nueva LAU.

Ese artículo resulta ahora incluso más útil porque el texto consolidado de la Ley de Arrendamientos Urbanos publicado por el BOE ya recoge la actualización del 13 de noviembre y señala expresamente que la modificación del artículo 10 prevista por el RDL 28 ha quedado sin efecto.

 

Más que alquileres

El RDL 29 que sí está en vigor tampoco se limita a los contratos. Mantiene medidas sobre vivienda vacía, posibilidades de recargo en el IBI bajo determinadas condiciones, incentivos fiscales asociados al alquiler, restricciones para ciertas operaciones realizadas por grandes tenedores y entidades, protección en determinados procedimientos de desahucio y nuevas herramientas de acceso a vivienda.

También permanece el mecanismo TU CASA, concebido para complementar la financiación hipotecaria de determinados compradores de primera vivienda, junto con las condiciones y limitaciones asociadas a esos inmuebles. Todo ese bloque lo explicamos de forma más extensa en Nuevo decreto de vivienda: qué cambia para propietarios, inquilinos y compradores.

 

Qué debes revisar ahora

Si eres propietario y tienes alquilada una vivienda, debes saber que las nuevas reglas entran en juego al firmar, renovar o alcanzar ciertos vencimientos. La propia LAU contiene disposiciones transitorias para ordenar esa convivencia.

Si el contrato está acercándose al final de sus cinco o siete primeros años, hay que revisar el artículo 10 actualmente vigente, comprobar los preavisos y estudiar si el contrato puede acogerse a alguna de las prórrogas ordinarias o extraordinarias que sí continúan en la ley.

Lo mismo vale para quien esté redactando ahora un contrato temporal, alquilando por habitaciones o preparando la venta de una vivienda arrendada. En esos casos los cambios del RDL 29 sí tienen efectos y merece la pena abandonar modelos antiguos que todavía circulan entre particulares.

Para repasar conceptos básicos antes de entrar en la letra pequeña, puedes recurrir a nuestro Diccionario básico del alquiler en Baleares. Y si lo que tienes delante es un contrato concreto, en Cómo leer un contrato de alquiler y detectar cláusulas abusivas explicamos qué puntos merece la pena revisar con especial atención, teniendo presente que deben interpretarse ya conforme a la nueva LAU.

Equipo Durendesa

Equipo de Durendesa®, inmobiliaria en Palma de Mallorca. Analizamos la normativa, el mercado y la vivienda en Mallorca y Baleares para ayudarte a comprar, vender o alquilar con información fiable.

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