Endurecimiento de las sanciones por el alquiler turístico ilegal en Mallorca. El Consell ha decidido duplicar las multas para cada inmueble en esta condición que se detecte a partir de ahora. Este incremento, que sitúa la penalización en 80.000 euros, pretende disuadir a infractores y proteger la oferta legal en la isla, según el Consell de Mallorca.
Hasta el momento, por este concepto se estaban imponiendo las sanciones más leves, ya que la horquilla de multas por alquiler ilícito en Mallorca variaba entre los 40.000 euros y los 400.000 euros. Las propuestas de sanción pasan a ser así el doble de lo que hasta ahora se venía aplicando (40.000 euros), quedando fijadas entre los 80.000 euros y los 400.000 euros.
Este aumento en las cuantías por alquiler turístico ilegal pretende hace frente a “una competencia desleal muy dañina” y erradicar una situación que supone “un problema terrible para la convivencia”, según el Consell. Si bien, este organismo añade que “las cosas se están haciendo bien” en la mayoría de casos.
En esta misma línea, con la aprobación reciente del Decreto de Simplificación Administrativa por parte del Govern, se incorpora la obligación del cese inmediato de la actividad del alquiler en todos los inicios de incoación de expedientes sancionadores. No obstante, se mantienen los derechos de la persona sancionada, que puede presentar alegaciones al expediente como hasta ahora.
El periodo para alegar sobre el expediente sancionador se establece en 15 días, según recoge el nuevo decreto del Govern.
El propietario dispondrá de 7 días para alegar sobre la exigencia del cese de la actividad. Si las alegaciones presentadas en esos 7 días no resultan satisfactorias, el departamento de Turismo del Consell trasladará los incumplimientos a Fiscalía para que ésta actúe conforme corresponda.
Expedientes por alquiler turístico ilegal en Baleares
Según datos del Consell de Mallorca, en la isla hay más de 650 expedientes por alquiler turístico ilegal. En el balance presentado en marzo por el organismo, se recogían 239 expedientes abiertos en los 6 meses anteriores, tras la puesta en marcha del Plan contra la Oferta Ilegal en septiembre de 2023. Esta cifra supuso un 248% más que los registrados en el mismo periodo del año anterior. El resto, alrededor de 400, correspondían con otros casos que habrían sufrido retraso. Las sanciones rondarían los 17 millones de euros.
La mayoría de estos expedientes por alquiler turístico ilegal se registraron en Palma, siendo principalmente por alquileres en viviendas plurifamiliares. En el momento de ese informe, se contabilizaron entre 10.000 y 15.000 plazas turísticas ilegales en Mallorca.
Según destacan los expertos, esta problemática causa un gran perjuicio al mercado de la vivienda del alquiler en Mallorca y Baleares, alimentando las dificultades de acceso a la vivienda y los precios de los inmuebles.
En Ibiza, por ejemplo, la creación de una Oficina de Lucha contra el Intrusismo aborda también este problema. La entidad ha registrado un aumento exponencial de sanciones por alquiler turístico ilegal, recaudando más de 2 millones de euros. Además, se han retirado anuncios ilegales en conocidos portales de reserva.
En Menorca, el formulario web que abrió el Consell a principios de año para registrar denuncias ciudadanas sobre sospechas de alquiler irregular ha registrado 12 casos, 9 de los cuales se confirmó que había alquiler vacacional ilegal. A parte de los 17 expedientes sancionadores por esta casuística que se tenían registrados a fecha de mayo.
Alquileres en negro: riesgos para el propietario y el inquilino
Por otra parte, los alquileres en negro son una práctica ilegal que sale cara al dueño del inmueble y al inquilino. Esta manera de operar está cada vez más perseguida y castigada por la Agencia Tributaria, que obtiene los datos de las comunidades autónomas, pero también de los bancos, de las suministradoras, de los portales de anuncios…
Ocultar la vivienda alquilada a Hacienda puede llevar al propietario a enfrentarse a la pérdida de beneficios fiscales y a desembolsar el importe total del rendimiento del capital inmobiliario más los intereses y pagar una multa. Además de suponer que el dueño quede desprotegido para reclamar impagos de alquiler, desperfectos, etc.
En el caso del inquilino, esta irregularidad le lleva sobre todo a perder la posibilidad de acceder a ventajas fiscales por alquiler.
