El Govern balear ultima la legalización de más de 30.000 edificaciones irregulares en suelo rústico sin ordenación en Mallorca, a las que se sumarían las construcciones en la misma condición ubicadas en el resto de las islas. La medida, enmarcada en el decreto ley de simplificación administrativa, afectará a las infracciones que ya hayan prescrito. Esta vía permitirá también legalizar piscinas, porches y otros elementos construidos irregularmente junto a estas edificaciones. Como contrapartida, los propietarios deberán pagar una multa proporcional al coste de la obra ilegal y aplicar medidas medioambientales y de eficiencia energéticas.
Según el Govern, el objetivo de este plan es regular la situación de miles de edificaciones, mitigar la especulación urbanística en las zonas rurales, contribuir a la estabilidad legal y económica de los afectados y mejorar la gestión del territorio insular.
Con ayuda de nuestros asesores inmobiliarios en Baleares, repasamos las principales cuestiones que recoge el borrador de este decreto ley en materia de vivienda.
Edificaciones ilegales en suelo rústico en Baleares
Actualmente, las construcciones rústicas sobre las que ha prescrito el derecho de la administración a restablecer la legalidad se encuentran en una situación particular. Por un lado, las autoridades urbanísticas no pueden actuar contra ellas y ordenar su demolición. Por otro, al estar fuera de norma, sus propietarios no pueden hacer obras de mejora o de consolidación, lo que condena a estas viviendas a estar abocadas a la degradación.
Con este plan, estas construcciones podrán aflorar, pasar a ser legales y acondicionarse adecuadamente. Eso sí, para ello los dueños deberán abonar una sanción económica proporcional al coste de la obra ilegal e incorporar medidas de eficiencia energética e hídrica en la rehabilitación de la casa. También deberán pagar todos los costes tributarios.
Los propietarios de este tipo de viviendas que se acojan a esta iniciativa tendrán un plazo de 3 años para realizar todos los trámites. Las viviendas podrán ser vendidas una vez legalizadas, aunque la intención del Govern es prohibir que estas construcciones se destinen al alquiler vacacional.
En la actualidad, se calcula que hay unas 150.000 construcciones de uso residencial o turístico en el campo balear (unos 40.000 habitantes). Del total de estas edificaciones, unas 30.000 viviendas rústicas en Mallorca serían ilegales.
Este plan de regularización de viviendas, que no supone la modificación de la legislación vigente, es similar al que contempló en 2014 la denominada Ley Company (conseller Gabriel Company), con el añadido de la obligatoriedad de realizar obras de eficiencia energética. En aquel entonces, se regularizaron cerca de 5.000 de las 40.000 construcciones que se estimaban en suelo rústico. Las sanciones se fijaron entre el 15% y el 25% del valor de las obras de legalización.
Otras medidas en materia de vivienda en Baleares
La legalización de construcciones ilegales en el campo en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera se enmarca en el decreto ley de Simplificación y Racionalización Administrativa, que ultima el Govern. Esta disposición contempla la modificación total o parcial de medio centenar de leyes o decretos relacionados con cuestiones administrativas, sociales, urbanísticas, servicios sociales, transición energética…
En materia de vivienda, este decreto ley prevé también reducir plazos y agilizar los proyectos de viviendas, mediante la externalización del servicio de concesión de licencias municipales a entidades colaboradoras urbanísticas. Una figura que existe en otras autonomías como la Comunidad Valenciana, Andalucía o Madrid.
Del mismo modo, contempla la eliminación de la exigencia de la cédula de habitabilidad de primera ocupación (emitida por consells insulars) para evitar duplicidades. Como base, se quedaría la licencia municipal de primera ocupación.
La intención del Govern es aprobar cuanto antes este decreto, probablemente durante el mes de mayo.
